El servicio de agua urbana en México, un asunto multifacético

por Ricardo V. Santes Álvarez · 5 agosto, 2026

El servicio de agua para uso urbano representa un reto para los gobiernos locales por varias razones. Una es la circunstancia geográfica, que en muchos casos se torna limitante, como en la región árida del norte de México donde la escasez obliga a transportar el hídrico de otras latitudes. En el extremo opuesto, hay regiones donde la precipitación es alta, por lo que se podría pensar que los domicilios están suficientemente abastecidos; pero no es así, paradójicamente ¡también allí se habla de crisis hídrica! Otra causa es el deterioro ecológico; en casi todas partes las aguas de superficie y del subsuelo están impactadas por actividades humanas, al grado de presentar condiciones prácticamente irreversibles. Por décadas, las fuentes superficiales han sido utilizadas como depósitos de subproductos domésticos, comerciales e industriales, en tanto que las subterráneas se contaminan por infiltración de tóxicos, y se salinizan por sobreexplotación. En términos técnicos y económicos el aprovechamiento es complicado y costoso. Problemática adicional es la endeble infraestructura hidráulica que, sea por planeación errónea de la red, mala calidad de los materiales o franca corrupción, deviene en constantes pérdidas del vital líquido, dejando a amplios sectores de población sin el servicio correspondiente por días… o semanas. Y esto lleva a una situación más lamentable: la iniquidad; para ciudadanos de colonias populares no es raro enterarse de que mientras ellos sufren privación de agua, hay afortunados que raramente padecen ese calvario. Parece que el dinero y los acomodos políticos tienen más peso en la distribución. Otro aspecto es el tipo de instancia gestora. De acuerdo con el INEGI, hacia 2025 en el país se registró un total de 5,350 organismos operadores de agua potable y saneamiento (ooaps). De ellos, 45.64% estaba bajo responsabilidad pública, mientras 54.06% quedaba en manos del sector social; en tanto, el manejo por empresas privadas y el de carácter mixto (público-privado) comprendían 0.26% y 0.04%, respectivamente. El desglose por estados arroja un panorama de contrastes; por ejemplo, Guanajuato y Oaxaca poseen el mayor número de ooaps: 1206 y 806, en ese orden; en tanto que Baja California y Baja California Sur muestran el menor: siete y cinco, respectivamente. En cuanto a modalidad de operador, 24 entidades exhiben predominancia pública, arriba del dato nacional y en 10 de ellas la prestación pública equivale al 100% (Yucatán, Sonora, Tamaulipas, Cd. de México, Sinaloa, Tabasco, Aguascalientes, Colima, Baja California y Baja California Sur); por otro lado, ocho manifiestan preponderancia de tipo social, por encima de la cifra nacional: Estado de México, Hidalgo, Zacatecas, Morelos, Campeche, Tlaxcala, Nayarit y Guanajuato. Los organismos privados tienen presencia en siete entidades, entre las que destacan (siempre en valores porcentuales) Quintana Roo, Querétaro, Morelos y Veracruz. Y sobre la gestión mixta, se mencionan a Coahuila y Veracruz, si bien con escasa importancia. No debe obviarse que el tamaño del centro de población es determinante del tipo de ooaps a cargo, siendo predominante el de índole pública en áreas urbanas; aunque independientemente de eso, el servicio es pésimo como generalidad. El líquido no es potable, las fugas en las redes son recurrentes, las reparaciones tardan una eternidad, los programas de tandeo no se respetan, la contaminación de las fuentes no para, y el ‘huachicoleo de agua’ es pan de cada día. El problema es multidimensional, sí; pero no irresoluble. De inicio, se requiere voluntad política de los interesados para comprometerse con un bien que es de todos. Alternativamente, nunca faltará un villano a quien culpar. ¡Ah, sí… la administración anterior! ¡Ah, sí… el cambio climático!

		Fuente de imagen: andina.pe

		Publicación en otros medios: El Imparcial, 5-ago-2026 Uniradiobaja, 5-ago-2026
Ricardo V. Santes-Álvarez X: @RicSantes